La llegada del cinematógrafo desplaza el foco de riesgo del escenario hacia el cuarto de proyección, precisamente allí donde la gran mayoría de los locales que originalmente son teatros tienen sus salidas a la calle.
El incremento de la carga de fuego, el continuado cambio de esta nueva tecnología, y una exagerada proliferación de locales provisionales u obsoletos, con precarias medidas de seguridad, son generadores de nuevos sucesos de gran impacto.
Tras el incendio que destruye en plena función, el cine La Luz de Vila-Real en Castellón, y una avalancha por un grito que desata el pánico en el teatro circo del Ensanche de Bilbao, en 1913 se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos, de construcción, reforma y condiciones de los locales destinados a los mismos. No se trata de un documento con grandes avances respecto de la regulación anterior, sino más bien un recordatorio ante la relajación de la actividad inspectora y el régimen de mantenimiento de los locales.
Nuevamente tiene que producirse un fatal suceso previo a la aprobación del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos de 1935. Se trata del incendio del teatro Novedades de Madrid en 1928 durante una representación teatral.
Los sucesos reseñados resaltan una serie de deficiencias reiteradas:
- La ausencia de mantenimiento,
- La precariedad de las instalaciones provisionales o modificadas y
- Unas deficientes vías de evacuación precisamente en las localidades de mayor aforo.
Tendrán que transcurrir más de cuarenta y cinco años antes de la aprobación de un nuevo reglamento de espectáculos. Este documento convive con la primera normativa nacional de protección contra incendios.
Hasta la fecha ese ha sido el procedimiento habitual. Tras el siniestro, un impulso normativo e inspector, y continuará así bien entrado el siglo XX.
En España son los grandes ayuntamientos, los que comienzan a reclamar una estructura normativa definitiva. Se trata de una demanda de asociaciones de bomberos y compañías de seguros, conscientes de los elevados costes que los siniestros generan en la trama social y económica de la ciudad.
La organización del estado no aclara el rango competencial de la aplicación de estas ordenanzas. En este periodo se desarrolla una ambiciosa norma que tras cerca de una década de desarrollo nunca verá la luz. Es el Proyecto de Reglamento de prevención contra el fuego de 1972 elaborado por Comisión Integrada por los Organismos más interesados en la “Prevención contra el Fuego” creada en 1967. El documento nunca se publicó, pero que sirvió para la Ordenanza provincial de Prevención contra el fuego de la Diputación Provincial de Barcelona de 31 de mayo de 1974.
Como consecuencia, los grandes municipios toman las riendas aplicando ordenanzas dispersas.