Tras los efectos sobre inmuebles e infraestructuras de un fenómeno natural se repite la misma pregunta ¿se podría haber evitado?
La prevención del riesgo tiene un límite y está en cada uno de nosotros y en la administración, establecer los valores de control.
Los desastres naturales están sujetos a predicciones estadísticas. Existen zonas donde puede haber más probabilidad de que se produzcan accidentes, pero, ¿con qué magnitud?
La normativa española está al mismo nivel de los países del entorno. La reglamentación sismo resistente, iniciada con una primera versión en 1967, actualizadas en 1974 y revisadas en 1994 y 2002, recoge los criterios de resistencia según el mapa de riesgo.
Según el atlas estadístico de las áreas urbanas del Ministerio de la Vivienda (2006), el parque de viviendas construidas en Lorca adquiere su máxima proporción entre el año 1971-80 con un 24,9%, siendo anteriores a las normas sismo resistentes más del cincuenta por ciento.
Habría que preguntarse qué predisposición tenemos al mantenimiento o las actuaciones preventivas. Posiblemente pocos estaríamos dispuestos de antemano a acometer trabajos con importantes desembolsos económicos para garantizar el anclaje de elementos incorrectamente atados a la estructura: petos, cornisas, chimeneas, etc. Siempre es difícil acometer actuaciones para prevenir un suceso que puede ocurrir o no.
También hay que considerar otros factores.
Durante el terremoto sucedido en Nueva Zelanda en septiembre de 2010 no se produjo ninguna víctima. El siniestro sucedió de madrugada con una magnitud de 7,2. Aunque cayeron muchas chimeneas, la tipología de vivienda no provocó serios derrumbes y sorprendió a la gente en sus casas. Sin embargo, el siniestro de febrero de 2011, con una potencia de 6,3 en la escala de Richter, mató a 78 personas. La localización del epicentro y la hora del mediodía, provocó el derrumbe de edificios antiguos sin que a los ciudadanos les diera tiempo a ponerse a salvo.
La legislación, comenzando por las ordenanzas municipales, tratan de precisar la manera de prevenir el colapso de elementos, eliminándolos del paisaje urbano o especificando los sistemas de anclaje. También se detallan las fichas de inspección técnica de edificios, dejando en manos de los técnicos firmantes la validación y garantías sobre los edificios anteriores a la norma sismo resistente.
Pero debemos tener claro que la responsabilidad última y principal sobre el mantenimiento y conservación de los edificios es de los propietarios. Y no debemos ampararnos ni en la legislación, ni en las autorizaciones que le amparan para tomar medidas preventivas.
(Gráficos procedentes del Instituto Geográfico Nacional).